En una reunión informativa de la Comisión de Asuntos Cooperativos de la Cámara de Diputados de la Nación, representantes del sector -entre ellos FECOFE- expusieron los riesgos de derogar la Ley 11.380. Tras el reclamo unánime, se logró que el dictamen del proyecto oficialista excluyera el punto que afectaba la base imponible de las cooperativas.
El pasado 21 de abril, el movimiento cooperativo nacional dio una muestra de unidad y firmeza en el Congreso de la Nación. Convocados por el Diputado Aldo Leiva, presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG, dirigentes de las principales confederaciones y federaciones agropecuarias, de consumo, servicios públicos, vivienda y trabajo se dieron cita para analizar el impacto del proyecto denominado «Ley Hojarasca».
Defensa técnica y gremial
En representación de FECOFE, participó su responsable institucional Edgardo Grünfeld, quien fundamentó el rechazo a la derogación de la Ley 11.380. “Si se avanza con la propuesta borrador de la Ley Hojarasca muchas de nuestras cooperativas dejarán de ser viables. Estarían rompiendo algo que funciona, el impacto en nuestras comunidades será, en muchos casos, terminal”, advirtió.
El punto de conflicto radicaba en que la eliminación de dicha norma, bajo el argumento de ser «obsoleta», implicaba en los hechos un gravamen directo sobre el patrimonio de las entidades. De concretarse, se hubieran incluido los edificios y construcciones en la base imponible de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, lo que representaba un incremento desmedido en la carga tributaria del sector.
Estuvieron representados: Cooperar (Confederación Cooperativa de la República Argentina), AFA (Agricultores Federados Argentinos S.C.L.), CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada), IMFC (Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos), FECOOTRA (Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina), FACC (Federación Argentina de Cooperativas de Consumo), FACE (Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad), Fecotel (Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones Ltda.), CONARCOOP (Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados), CONAICE (Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda.), UNICOOP (Unión de Cooperativas de Vivienda Ltda.), FAESS (Federación argentina de entidades solidarias de salud Cooperativa Ltda.), FECEABA (Federación de Cooperativa de Enseñanza Provincia Buenos Aires) y FECOFE.
Logro parlamentario
Durante la jornada, los expositores presentaron ejemplos concretos del perjuicio económico que esta medida ocasionaría a las cooperativas de todo el país. La contundencia de los argumentos logró consenso entre los legisladores presentes de diversos bloques (UP, IF y LLA), quienes respaldaron la petición del sector.
Este trabajo de incidencia tuvo un resultado positivo inmediato: en la reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, realizada la misma tarde del martes, se confirmó que los dictámenes de la Ley Hojarasca no incluirán la derogación de la Ley 11.380.
Otras propuestas en agenda
Además de la urgencia por la Ley Hojarasca, la delegación cooperativa aprovechó el espacio para señalar otros temas críticos que requieren tratamiento legislativo, tales como las dificultades con el Certificado MiPyME, la integración de las Cooperativas del Mercosur y el fortalecimiento del Instituto Nacional de Economía Social (INAES).
Desde FECOFE se reafirmó el compromiso con la defensa del modelo cooperativo, entendiendo que la protección del capital social es fundamental para seguir impulsando el desarrollo productivo y solidario en las entidades agropecuarias y agroalimentarias, con la convicción de que sólo con un entramado fuerte de cooperativas es posible un futuro digno para las comunidades del interior.
